España 2.020 –     ¡Hacía un nuevo ordenamiento político!

Muy pocos dentro de la clase política levantan la voz en público y aún menos enarbolan un pensamiento que fluye en la sociedad civil: tenemos un modelo de estado fracasado; ya no complace a quienes lo forjaron, insostenible para las arcas de quienes lo tenemos que costear y alejado de las pretensiones de quienes lo debieran convalidar.

La España del siglo XXI es un elenco de desvirtuados propósitos y medias verdades en cuanto a su configuración administrativa; mientras prevalece un orden constitucional y político adulterado por los imparables procesos expansivos de sus insaciables  autonomías, la sociedad civil camina inexorablemente entre arcaicos complejos de pertenencia y los efectos balsámicos que provoca el capitán de la roja cada dos años a los maltrechos principios fundacionales de nuestro territorio.

El ordenamiento jurídico en su máxima expresión, la Carta Magna, recoge un Estado de territorios, mientras que la sociedad pluralista, heterogénea y claramente afincada en la diversidad, parece defender un territorio de estados.

El origen moderno de la configuración del Estado nace en un contexto ciertamente delicado y a buen seguro, sus retos fundacionales encastrados en el propósito de contentar a todos, son los que arrastran el lastre y los inalcanzables honorarios de aquella voluntad. El modelo autonómico nació para satisfacer las aspiraciones de autogobierno de determinados pueblos, asumiendo con ello la pluralidad de España, sí bien se establece que el Estado es unitario, no federal y por lo tanto la pretensión de descentralización converge intencionadamente con la premisa mayor de la Carta Magna, Titulo preliminar, artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Frente a la defensa del interés general del Estado, emergió la verdadera voluntad de cada diversidad nacional, de cada singularidad regional, de cada particularidad local. En el marco de las negociaciones parlamentarias que habilitaran o malograran las mayorías necesarias para gobernar, se cuarteó el espíritu que forjó el citado título preliminar, intercambio de concesiones competenciales que han acabado saboteando la solidaridad de salón inicial para adentrarnos en una dicotomía de carácter estructural: o país o comunidades, o centralización o descentralización, o sentido de Estado o sentimiento disgregador, o lo de todos o lo mio… para acabar en lo que todos percibimos, que esta casa, es una ruina!. Lo es política, social y económicamente y sí no lo remediamos responsablemente, se lleva consigo a media Europa.

Hoy vivimos una crisis descomunal para nuestros registros; básicamente la deriva de nuestra posición frente al mundo es de desconfianza manifiesta; ni nuestro sistema político ni las nefastas actitudes de irresponsabilidad que emergen los profesionales de la política, ni las lamentables aportaciones de los agentes sociales, contribuyen en poco o en nada a superar un baremo de credibilidad en el que casi nadie nos da un aprobado que alivie el peso de tantos excesos cometidos. Cuando se pierde la confianza es muy difícil recuperarla. En ese mar de dudas por el que navega nuestro Estado, hemos convenido nombrar a un Alto Comisionado para la Marca España, absoluta y oportunamente necesario, eso sí, a la española…, es decir a tiempo parcial, sin retribución y bajo una estructura matricial inviable que le hace tutelar cinco ministerios. La mejor de las suertes para el SR. Espinosa de los Monteros, pero quizás deberíamos trabajar en un organismo ejecutivo, profesional, con objetivos concretos respecto a la notoriedad y reputación de la marca; con los recursos precisos para alcanzar dichos propósitos, pero hemos optado una vez más por figurantes en lugar de actores para nuestra obra. La marca es una suma de atributos, positivos y negativos, de carácter funcional o social y como dice el profesor de Esade, Gerad Costa Guix, seguimos invirtiendo en atributos soft, como el carácter, la amistad, la casta; y nuestras exportadoras siguen anhelando atributos hard de tecnología, planificación y productividad. Así nos va, me permito añadir.

El panorama por tanto retrata el frustrado espíritu conciliador de organización del estado y una evidente y descorazonada pérdida de confianza internacional de nuestras instituciones y de quienes tienen la tarea de gestionarlas en todos los ámbitos y extensiones de aplicación. Es aquí donde la teoría deja paso a la práctica y las intenciones sucumben ante la frialdad de las cifras: El gobierno ha tenido que habilitar un mecanismo amparado en los presupuestos generales para permitir a las comunidades autónomas poder sufragar el déficit de sus cuentas para el presente ejercicio y que se cifra en la muy inquietante cifra de 18.000 millones de euros; un nuevo parche y ya son muchos que en poco ayudan a contra restar esa manifiesta perdida de confianza del exterior en nuestras capacidades especialmente la que ejercen los que nos tienen que financiar entre otras cosas porque enmascarados en una actitud claramente irresponsable, los gobiernos regionales se jactan de que no estar dispuestos a aceptar los duros recortes o ajustes que les exigirá la coyuntura presente; porque en el fondo renunciar a su onerosa estructura gubernativa es y bien lo saben, perder autonomía política y económica.

El tamaño siempre importa: 17 comunidades autónomas, los cabildos y consejos insulares, 17 delegaciones de gobierno, 50 provincias con sus respectivas diputaciones y subdelegaciones de gobierno y los 8.000 municipios: total agujero de 18.000 millones. ¿Conclusión? El Estado de la Autonomías es inviable y hay que cambiarlo. La sociedad civil se manifiesta  y se lamenta en las calles por la oleada de recortes todos dirigidos al corto plazo y a que quienes nos prestan la financiación que precisamos para mantener abierta la tienda, tengan la excusa pertinente antes sus contribuyentes de que España está atajando sus problemas. Nada más lejos de la realidad; estamos taponando la herida para que no se desangre pero aún y esto es lo  más cruel de lo que se nos avecina, no hemos empezado todavía a curar la insostenibilidad económica de un modelo desprendido de austeridad y blindado al capricho de quienes abundan en su insaciable afán de poder.

Nuevo orden territorial

La realidad social en algunos territorios que forman parte de la estructura del Estado  dista del principio que recoge la Constitución y que citábamos con anterioridad: “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. ¿Pero es que alguien se cree que es ese el sentimiento popular que corre por las venas de vascos o catalanes? ¿Esa es la doctrina que prevalece en la educación política en las escuelas? ¿Cuál es la conciencia de pertenencia? ¿A qué y Cómo? Se puede vivir o trabajar del sector público en las comunidades con lengua propia ajenos a ella?.¿Cuál es la identidad manifiesta de los pueblos? ¿Qué pensarán y porque lucharán las generaciones de hoy que se forjan en la diversidad, en la singularidad y la defensa a ultranza de la realidad nacional de cada ente autonómico? ¿Son solidarias las comunidades las unas con las otras? ¿Prevalece el interés general en las negociaciones de competencias entre Estado y Autonomías?

Sí económicamente es insostenible y sociológicamente no responde al propósito para el que fue diseñado, es obvio que el actual modelo de organización ha fracasado y nuestra sociedad requiere una respuesta políticamente democrática y consensuada al máximo nivel posible para la configuración de un nuevo ordenamiento basado en la territorialidad fundamentada en principios homogéneos de cohesión social  por encima de las regiones. Precisa un redimensionamiento de su estructura donde prevalezca una relación eficiente entre el ciudadano y los órganos administrativos.

Un sistema que dote a la ciudadanía de los cauces administrativos que emerjan de las instituciones europeas como fuente del marco regulador y transversalmente diigida por los entes que sean precisos  y solo los precisos para su ejecución y su control, amparados en un principio básico de austeridad en su composición.

Una configuración del estado donde se atienda inexorablemente la singularidad exclusivamente de los territorios cuyo adn  es imperturbable y en cualquier caso, su existencia debe albergarse en armonía con el resto de territorios que configuren un Estado cuyo principal motor de ejecución sea la verticalidad de sus políticas.

Un país, un estado, no puede entrar en conflicto de intereses entre sus propios estamentos y sí lo hace debe tener un recurso solido que solvente dentro de su marco jurídico las posibles controversias de manera inmediata; no puede someter su estructura a los pactos electorales que habilitan gobiernos de paso; no puede defender su posición supranacional sin internamente no es capaz de articular un único discurso y aún menos sí no puede aplicar diametralmente los mandatos para los que la ciudadanía le ha otorgado su responsabilidad.

No hay café para todos, nos lo hemos dilapidado; el café sí acaso, para quién sea capaz de producirlo y costearlo y sí no se puede costear, como estamos viendo, hay que encontrar un sustitutivo, apropiado, económico y eficiente.

El modelo autonómico de descentralización irracional ha cerrado por quiebra manifiesta. Es el momento de un proceso de retroalimentación de los pilares básicos de gestión centralizada en todas las áreas de componente general del Estado.